Se debilitan las garantías para el ejercicio periodístico antes de las elecciones
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Colombia, especialmente en el contexto previo a las elecciones presidenciales de 2026. Durante estos cuatro meses, se ha registrado un número significativo de agresiones, amenazas, acosos y obstrucciones al trabajo periodístico por parte de distintos sectores y estigmatizaciones y ataques verbales provenientes de funcionarios, como el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
En un contexto preelectoral esta situación resulta especialmente grave, cuando el periodismo cumple una función esencial de vigilancia y acceso a información para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas. En su informe más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtieron que ejercer el periodismo en el país continúa siendo una labor de alto riesgo: “estos hechos de violencia no ocurren de manera aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”.
Esto, sumado a la presencia de grupos armados ilegales, así como la persistencia de las estigmatizaciones y distintas violencias contra la prensa continúan debilitando la democracia y, en palabras de la CIDH, “fomentando un entorno cada vez más hostil y permisivo frente a la violencia contra la prensa”.
Aumento de agresiones durante el periodo electoral
Con corte al 24 de abril de este año, la FLIP ha documentado 120 agresiones contra periodistas y medios de comunicación por razones vinculadas a su oficio. De estos casos, al menos 38 están relacionados directamente con el cubrimiento electoral, campañas presidenciales o asuntos políticos. Al comparar este periodo con el mismo lapso de 2022, año de la anterior elección presidencial (15 casos), las agresiones en el marco de las elecciones han aumentado en 153%.
En distintas regiones del país persisten condiciones adversas para el ejercicio periodístico durante el proceso electoral. En departamentos como Arauca, Guaviare y Atlántico, la FLIP ha identificado dinámicas de control territorial por parte de grupos armados, restricciones a la movilidad, presiones económicas y temor a represalias que inciden en la cobertura informativa. Estos contextos favorecen la autocensura, dificultan el trabajo en terreno y restringen el acceso de la ciudadanía a información de interés público.
En Arauca, periodistas que cubrieron la jornada de votaciones y temas asociados a las campañas han enfrentado riesgos derivados de la difusión de contenidos informativos. Por ejemplo, tras la publicación de reportes sobre hechos ocurridos en los puestos de votación, una comunicadora recibió mensajes en los que se le exigía modificar o retirar la información publicada. Estos contactos fueron cada vez más intimidantes y generaron un escenario de riesgo que obligó a activar medidas de protección.
Y en Casanare, la FLIP documentó un caso en el que un periodista, al difundir contenidos relacionados con publicidad política o asuntos de interés electoral, fue objeto de mensajes intimidantes en redes sociales. Este tipo de señalamientos adquieren una connotación particularmente grave en contextos como el del departamento, pues podría inferir la relación de la prensa con grupos al margen de la ley.
Narrativas estigmatizantes
Este contexto hostil que enfrentan las y los periodistas del país se agudiza aún más con los señalamientos provenientes de funcionarios y figuras políticas. Estas prácticas no son exclusivas de un sector político y han sido documentadas en distintos actores del debate público. Sin embargo, en el contexto reciente, la FLIP ha identificado casos concretos que ilustran la gravedad de estas dinámicas. Sobre las agresiones relacionadas con el cubrimiento electoral, la mayoría provienen de funcionarios públicos (11 casos) y actores políticos (10 casos), lo que deja en evidencia un uso abusivo del poder y de la influencia pública para desacreditar la labor periodística.
En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha publicado mensajes en redes sociales dirigidos contra La Silla Vacía, en los que cuestiona su independencia editorial y sugiere un “sesgo electoral” en el cubrimiento periodístico, en favor de una de las candidaturas. En otras intervenciones públicas, ha señalado a medios como El Espectador y La FM, poniendo en duda la veracidad de sus informaciones y asociando su trabajo con agendas políticas o económicas.
Desde comienzos del año, la FLIP también ha rechazado los ataques reiterados de la campaña y del candidato Abelardo de la Espriella, quien ha difundido contenidos manipulados con inteligencia artificial, hecho un uso abusivo de los mecanismos legales, y emitido señalamientos en contra de la prensa. En las últimas dos semanas, el candidato ha enviado extensas solicitudes de rectificación a Cuestión Pública y a Cecilia Orozco, de El Espectador, que han investigado y realizado columnas de opinión sobre sus antecedentes y prácticas de su ejercicio profesional como abogado.
De manera paralela, se han registrado presiones y ataques provenientes de actores políticos y de campañas electorales, que buscan deslegitimar o incidir en los contenidos periodísticos. Entre estos casos se encuentran reacciones públicas de figuras políticas como Carlos Caicedo, quien ha cuestionado o deslegitimado el trabajo informativo de algunos comunicadores al indagar por su pasado. Durante las campañas de Rafael Nieto y Alexandra Pineda también se evidenció una creciente intolerancia frente al trabajo de la prensa en escenarios electorales, pues se impusieron restricciones arbitrarias, se promovieron señalamientos y se generaron condiciones que dificultaron el acceso a la información y el desarrollo del cubrimiento informativo. En ese mismo sentido, se han registrado señalamientos recientes, como los difundidos por el Representante electo Daniel Briceño contra Revista RAYA y sus periodistas, en los que cuestiona su independencia y sugiere una relación opaca con el Estado.
Estas narrativas afectan de manera directa a los medios o periodistas señalados, pues incrementan sus riesgos y les exponen a campañas de descrédito y hostigamiento, que en algunos casos derivan en amenazas. Además, las estigmatizaciones y señalamientos reiterados por parte de funcionarios siembran sospechas infundadas sobre la prensa en general, minan la confianza de la ciudadanía hacia los medios, promueven la hostilidad y envían un mensaje intimidatorio a quienes investigan y cuestionan al poder.
En varios casos, las respuestas de los funcionarios frente a investigaciones o cuestionamientos sobre su gestión se han traducido en ataques contra medios de comunicación y periodistas, en lugar de ofrecer explicaciones de fondo a las críticas o a la información publicada. Estos señalamientos redireccionan la conversación pública y erosionan las condiciones para un debate democrático informado.
La FLIP recuerda que los funcionarios públicos tienen un deber especial de tolerancia frente al escrutinio periodístico, pues quienes ejercen cargos públicos están más expuestos al control ciudadano y deben abstenerse de usar su posición de poder para estigmatizar, intimidar o desacreditar voces críticas. De acuerdo con la CIDH, “la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que pudiera acarrear una vulnerabilidad, ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos”.
Además, en contexto electoral, las y los servidores públicos deben actuar con estricta neutralidad política. En efecto, el artículo 127 de la Constitución Política y las normas que desarrollan las garantías electorales prohíben utilizar la investidura, los recursos públicos o la autoridad del cargo para favorecer candidaturas, intervenir indebidamente en campañas o alterar las condiciones de equidad en la contienda. El discurso oficial que participa e interfiere en el proceso electoral es una obstrucción al debate y a las garantías electorales.
En este marco, la FLIP hace un llamado a los funcionarios públicos —en especial a quienes ocupan los más altos cargos del Estado— y a las campañas y actores políticos a ajustar sus discursos y actuaciones a los estándares interamericanos de libertad de expresión, abstenerse de promover narrativas estigmatizantes contra la prensa y contribuir a un ambiente seguro y propicio para el ejercicio del periodismo en el contexto electoral.
Impacto sobre la prensa
Todas estas agresiones, además de afectar directamente a periodistas y medios, deterioran el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado. Los ataques, señalamientos y campañas de desprestigio generan un efecto inhibidor: frenan la publicación de investigaciones de interés público y llevan a la autocensura de determinados temas, fuentes o actores por temor a represalias.
Varios organismos, como la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe, han advertido que la violencia y el hostigamiento contra la prensa producen un “efecto silenciador” que opera como una forma indirecta de censura: no prohíbe de manera explícita, pero genera un efecto de parálisis que lleva a las personas a dejar de hablar, investigar o actuar. Cuando estas agresiones se normalizan, se pone en riesgo a quienes ejercen el periodismo y se debilita el debate público. Si se intimida a la prensa, se reduce la diversidad de voces, se limita la denuncia de irregularidades y la ciudadanía no puede tomar decisiones informadas, especialmente en contextos electorales. La combinación de estigmatización desde el poder, agresiones, presiones judiciales y campañas de descrédito configura un escenario que afecta de manera directa las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La FLIP continuará documentando y monitoreando la situación de la prensa en el país, así como las agresiones que constriñen la labor de denuncia, vigilancia y control social que ejercen periodistas y medios de comunicación durante este proceso electoral. El país requiere que se brinden garantías plenas para desarrollar el ejercicio periodístico y para que la ciudadanía pueda acceder a una información libre de presiones.